La tecnología también trae riesgos para sus usuarios, especialmente en aspectos relacionados con las finanzas o banca electrónica, las redes sociales, las ventas y transacciones en Internet pueden ser muchas veces foco de estafas, por parte ciberdelincuentes.

Muchas de estas estafas a empresas con transferencias ocurren con supuestas facturas que envían por correo electrónico en las que se detallan supuestos pagos pendientes; la empresa, o responsable de ella, recibe un mail de un proveedor ubicado en otro país con una supuesta factura que se debe pagar, muchas veces el proveedor realiza el pago mediante una transferencia sin profundizar en el contenido recibido.

En ocasiones la factura corresponde con un proveedor y una cantidad real que la empresa debe abonar, pero la transferencia se realiza a un país extranjero, donde se hace difícil recuperar el dinero. Un afectado por una de estas facturas falsas relató que realizó la transferencia por la factura recibida a la cuenta indicada en el email, pero al observar con detenimiento se fijó que la cuenta que se le indicó para cancelar la deduda no se correspondía con la de su proveedor y se percató de que la habían estafado.

El estafador conocía de cuánto era la deuda al proveedor y contaba con datos de correo electrónico muy parecidos e inclusive, el país de origen del proveedor. Además, cuando hizo la transferencia el banco le pide nombre y domicilio del proveedor y su IBAN y código BIC. Luego, le indica que el dinero desapareció de la cuenta destinada y que su banco no puede resolver nada.

Casos típicos de estafa virtual

En otro caso, una mujer de 40 años fue arrestada por supuestamente hurtar 72.000 euros por Internet a una empresa de Coruña, el caso se calificó como un delito de estafa, la sospechosa la acusaron de aplicar el método de phishing, con el cual fingen ser clientes y piden datos bancarios por correo electrónico.

La presunta implicada no tenía antecedentes policiales y fue puesta en libertad al declarar sus alegatos, pero aún tiene la obligación de comparecer ante las autoridades judiciales cuando esta sea requerida para declarar sobre el caso.

Al parecer, la acusada envió un correo a la empresa de A Coruña, usando una dirección electrónica muy parecida a la de un cliente real de dicha empresa y de hacer una petición por un dinero que pide enviar a una cuenta bancaria nueva.

El representante de la empresa confió que realmente estaba cancelando la deuda de 72.250 euros al supuesto cliente, cuando se presume que lo recibía la persona señalada como una estafadora.

Datos sobre ciberdelitos

Este tipo de estafas que se presentan en la red y generan en este momento el 60% del total de los casos judiciales que atañen a ciberdelitos. Pero, igualmente la memoria de la Fiscalía ha resaltado que gerentes de las empresas evitan hacer este tipo de denuncias sobre ataques informáticos a sus plataformas tecnológicas por temor a su reputación de seguridad.

Las tiendas online y otros sitios web ofrecen todo tipo de productos por Internet, lo que ha incrementado las ventas en el mercado en línea y también, es un terreno que aprovechan ciertos delincuentes que conocen detalles sobre las nuevas tecnologías.

En ese sentido, la memoria de la Fiscalía General del Estado ha publicado datos sobre 208 donde se explica que el espacio virtual se ha convertido en idóneo para que los criminales se lucren de manera ilícita engañando a muchos usuarios desde las plataformas digitales.

Estos datos reflejan que los procedimientos por ciberdelitos suman el 61% que corresponde a las estafas que se cometen por Internet y han alcanzado 5.581 casos. También, indican que siempre cambian de métodos pero que básicamente es una estafa igual que las que se comenten en cualquier venta de productos y servicios falsos.

Se aprovechan de ciudadanos que creen en negocios lucrativos que solo son un fraude. Durante 2017 los datos son parecidos en cuanto al número de ciberestafas cometidas ya que suman más del 50% de los delitos que se cometieron en la web. En ese año los procesos que se iniciaron por ese delito fueron 3.715.

Pese a que fue el más denunciado, es difícil probar que tenga más casos, ya que existen otros delitos como ataques informáticos o pornografía infantil que tienen una cifra de ocultación muy alta y es difícil de determinar cuántos casos se presentan.

Modos de estafas por vía web

Desde el Ministerio público han remarcado que son muchos los procesos, pero que existe la probabilidad de que algunos queden fuera porque son muy difíciles de seguirle el rastro en las investigaciones, ya que es muy arduo dar con el autor, por la dificultad que implica indagar los hechos y porque no superan los 400 euros.

Los modos más habituales de estos delitos que pueden concretarse en estafas en la red, son los fraudes de ventas de vehículos que se conocen como el phising-car, la oferta engañosa de electrodomésticos, dispositivos y elementos informáticos y también, entradas conciertos y espectáculos públicos.

El año pasado en la Fiscalía se registraron 118 operaciones simuladas que fueron estafas de unas supuestas compras de vehículos de alta gama, que produjeron un perjuicio financiero que se aproxima a medio millón de euros.

El segundo tipo de estafas reseñado por el Ministerio Público se trata de las supuestas ofertas sobre las inversiones de alta rentabilidad, en monedas de curso real o virtual y en oro o diamantes. La estructura de estas estafas es muy compleja de seguirle la pista, dado que actúan desde varios países simultáneamente.

El fraude en alquiler de viviendas vacacionales, la usurpación de identidad para operar con cuentas bancarias de víctimas es otra estafa que ha identificado el organismo. Igualmente, han ubicado como clonan tarjetas de crédito y bloquean ordenadores para solicitar rescate.

Estos ciberataques tienen pocos procedimientos en que se averigua, según la fiscalía solo un 0,9% de 83 casos se inician investigaciones formales, explican que en parte por la dificultad para identificar a los autores del delito.

El Ministerio público explica que también influye la falta de denuncias para identificarlos y han reclamado un sistema para transmitir más ágil y eficazmente los casos relacionado de ciberseguridad.

En el Reglamento General de Protección de Datos y la directiva NIS donde se regula la seguridad, existe la imposición para que las empresas notifiquen los ataques informáticos que afecten datos personales o de operadores de servicios esenciales como energía, transporte o bancos.

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