El delito de coacciones contra las personas
El delito de coacciones contra las personas

El delito de coacciones contra las personas

El Código Penal y el delito de coacciones

 

El delito de coacciones es uno de los que regula el Código Penal dentro de los que pueden afectar a la libertad de las personas. Aunque relacionado con las amenazas, sin embargo, presenta caracteres muy diferentes. De ahí que se estudien por separado.
Comete el delito aquel que con violencia, sin que la ley le ampare, impide a una persona hacer lo que desea y no esté prohibido por la ley, o le obliga a realizar aquello que la persona no quiere hacer, ya sea justo o injusto.

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Lo que se intenta proteger es la libertad de cada uno de hacer lo que quiera en cada momento, sin interferencias ajenas.


Como afecta a la libertad de manera menos grave que las detenciones ilegales o las propias amenazas, la pena puede ser de prisión (6 meses a 3 años) o multa (12 a 24 meses). El juez, a la hora de decidir la pena a imponer, deberá tener en cuenta los medios que se hayan empleado y la mayor o menor gravedad del hecho.
Cuando se dice que en el delito ha de intervenir violencia, no se hace referencia exclusivamente a la fuerza física causada directamente sobre la otra persona. El Tribunal Supremo ha señalado que también hay delito de coacciones cuando se utilizan presiones psicológicas.
Por ejemplo, si el dueño de un apartamento corta el agua para forzar al inquilino a que lo abandone, eso sería una coacción. Otros supuestos son los desahucios por la fuerza o el cambio de cerraduras. Después veremos cómo constituyen conductas agravadas.
Elemento imprescindible para que haya delito es que la coacción sea lo suficientemente intensa como para inducir a la víctima a hacer lo que no quiere o impedirle lo que desea. Habrá que atender a la intensidad de la coacción, la edad de los sujetos y el resto de circunstancias concurrentes.
Existen, por otra parte, casos en los que la conducta está perfectamente justificada y no habrá delito: cuando el sujeto actúa en el ejercicio de su cargo o deber. El policía que obliga a un ladrón a detenerse y dejar de huir, por ejemplo, está amparado por la ley.
El delito se agrava cuando con él se quiere impedir el ejercicio de un derecho fundamental (igualdad, libertad religiosa, libertad ambulatoria, derecho al honor, etc…) o el disfrute de la vivienda.
Por último, el Código considera que si la coacción se dirige contra la mujer, la novia, quienes lo hubieran sido o una persona vulnerable que conviva con el autor, la conducta, en vez de falta, se considerará delito. Especialmente si los hechos tienen lugar en presencia de menores o en el hogar común.

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