Delitos contra la libertad: detenciones ilegales y secuestros

Delitos contra la libertad: detenciones ilegales y secuestros

Sin perjuicio de otras conductas delictivas, las detenciones ilegales y los secuestros constituyen los principales atentados a la libertad personal recogidos en el Código Penal.

Por libertad ha de entenderse la capacidad de la persona para decidir dónde quiere estar y qué quiere hacer, así como la posibilidad de cambiar de opinión y trasladarse de un lugar a otro. Es lo que jurídicamente se conoce como libertad ambulatoria.

El primero de estos delitos, la detención ilegal, consiste en encerrar o detener a una persona, privándole de su libertad. Hay que distinguir, por tanto, entre dos acciones:

• Encerrar implica colocar a la persona en un espacio delimitado: un coche, una habitación, una celda, etc…

• Detener supone impedir que la persona se aleje del punto en el que se encuentra apresada (se le esposa a una señal de tráfico, por ejemplo).

Se trata de un delito que sólo puede cometerse voluntariamente, por lo que no se admite su forma imprudente. Además, el consentimiento de la víctima elimina el delito. Piénsese en un juego en el que la persona consiente ser atada o retenida; en estos casos la conducta está permitida.

Si bien la detención se castiga con la pena de prisión de 4 a 6 años, existen dos supuestos en los que se rebaja la pena:

• Si se libera al detenido durante los tres primeros días.
• Quien aprehende a una persona para llevarla frente a la autoridad, en los casos en los que no está previsto legalmente. Está permitido apresar a alguien y presentarlo al juez o a la policía cuando se le descubre cometiendo un delito in fraganti.

Sin embargo, si la privación de libertad es superior a 15 días la prisión puede llegar hasta los 8 años.

El delito de secuestro, por su parte, se produce cuando se detiene o encierra a alguien exigiendo alguna condición (prisión de 6 a 10 años). Normalmente consistirá en la petición de un rescate para liberar a la víctima. Es importante lo que ha establecido el Tribunal Supremo en estos casos: incluso si los secuestradores matan a la víctima antes de exigir el rescate a sus familiares habrá delito de secuestro, aunque finalmente no obtengan el pago.

Tanto en el caso de las detenciones ilegales como en el de los secuestros, la pena se agravará si el delito ha sido cometido por un policía u otro agente de la autoridad, así como cuando la víctima sea menor de trece años o un funcionario público.

También se castiga muy gravemente el caso de que el culpable no dé a conocer el paradero de la persona detenida, con la excepción de que la hubiera liberado.