El Proyecto de Ley de Justicia Gratuita aprobado recientemente por el Gobierno ha suscitado reacciones en el sector. El Consejo General de la Abogacía Española se ha manifestado al respecto y su postura no está muy a favor del mismo.
En general, se considera que el proyecto de ley perjudica tanto a los ciudadanos como a los abogados de Turno de Oficio. Uno de los claros perjuicios para los primeros, es que el Servicio de Orientación Jurídica dejaría de ser gratuito para el ciudadano y sólo se le devolvería el importe abonado si obtiene el beneficio de Justicia Gratuita.
Otra de las novedades que incluye la futura nueva norma y que no favorece a la población es la modificación de las cuantías de acceso a la Justicia Gratuita. En concreto, estipula una reducción de cerca de 2.000 euros en cuanto al umbral de ingresos anuales para unidades familiares con una sola persona. De esta manera, se limita el acceso a este servicio a más personas.
Al mismo tiempo, sindicatos, asociaciones de discapacitados o de consumidores y Cruz Roja también tendrán derecho a justicia gratuita independientemente de sus ingresos, algo que en opinión de la Abogacía Española también afecta a los ciudadanos. La inclusión de estos casos no tiene en cuenta los recursos económicos de las instituciones, algo que sin embargo sí ocurre con la población general. Este reconocimiento puede ocasionar, por tanto, discriminaciones y situaciones injustas entre personas y organismos o colectivos.
Además, si un ciudadano solicita tres veces al año el beneficio de la Justicia Gratuita se considerará sospechoso y será investigado específicamente (con excepción del orden penal). Según el Ministerio de Justicia con esta medida y el nuevo régimen de tasas judiciales se pone coto a posibles abusos a través de sistemas de seguimiento donde participan todas las partes vinculadas a la prestación de este beneficio. No obstante, para el Consejo General de la Abogacía Española este proyecto de Ley de Justicia Gratuita, la Ley de Tasas Judiciales y los anteproyectos de Ley de Servicios y Colegios Profesionales y el de Seguridad Ciudadana, suponen un recorte de los derechos fundamentales de los ciudadanos, así como un incremento de las dificultades para su acceso a la justicia.
El otro colectivo afectado por este proyecto es de los abogados del Turno de Oficio. No se contempla una actualización de la retribución acorde a la labor de estos profesionales, ni se garantiza el cobro de todas sus actuaciones ni el pago puntual por la Administración de Justicia. Incluso, se prevé que si el cliente se encuentra en paradero desconocido, sea el abogado el que asuma los costes de la defensa ya que en estos casos el cobro seguramente sea poco probable.
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