Los delitos de Childgrooming y Sexting en el Código Penal español
Actualmente, los medios de comunicación electrónica (redes sociales, redes de mensajería instantánea (whastapp), correo electrónico, blogs etc.) son utilizados con frecuencia por menores de dieciséis años que debido a su corta edad y a su inocencia pueden ser víctimas de delitos de childgrooming o sexting.
Con el avance de las tecnologías, estos delitos han proliferado ya que una gran mayoría de los menores de edad desconocen las desventajas que tienen estos medios de comunicación. Los delincuentes sexuales se aprovechan de esta falta de información y abusan de su posición. En algunos casos incitan a los menores mediante el engaño, coacción o intimidación a que se reúnan con él o a que le faciliten material pornográfico o le muestren imágenes pornográficas en las que aparezca un menor.
En EEUU, con el fin de concienciar a los menores de edad del peligro que los mismos corren en los medios de comunicación electrónica, un “youtuber” con el consentimiento de los padres de tres menores de 12,13 y 14 años, se hizo pasar por un adolescente de 15 años y concertó con ellas una cita, increíble fue la predisposición de las víctimas de quedar con él y el desconcierto de los padres, que eran quienes aparecían en el lugar en el que se habían reunido con el supuesto menor de edad.
En el uso de estos medios de comunicación electrónica son muy importantes los controles parentales ya que los mismos reducen la posibilidad de que los menores de edad sean víctimas de ciberacoso.
En España el legislador, consciente de este problema, introdujo en el año 2010 el delito de child grooming, que ha sido objeto de modificación con la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo que eleva la edad del consentimiento de los 13 a los 16 años y regula de una forma más detallada este delito. Por otra parte, en la misma reforma se introduce el delito de sexting tanto para mayores de edad como para menores. Estos delitos se recogen en los arts. 183.1 ter y 197.7 del Código Penal.
Respecto al delito de childgrooming, se castiga con la pena de uno a tres años de prisión o multa de doce a veinticuatro meses a quien a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años y proponga concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer de realizar actos de carácter sexual (art. 183 CP) o busque captar o utilizar a menores de edad en espectáculos exhibicionistas o pornográficos para elaborar cualquier clase de material pornográfico, cualquiera que sea su soporte.
También se castiga a quien financie cualquiera de estas actividades, se lucre o produzca, venda, distribuya, exhiba, ofrezca o facilite la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de pornografía infantil. La pena del delito de childgrooming se impondrá independientemente de la pena que se imponga a quien lleve a cabo los actos anteriormente expuestos. La misma se impondrá en su mitad superior cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño.
Por otro lado en este mismo artículo, se castiga con una pena de prisión de seis meses a dos años al que a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años y realice actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca un menor.
Siguiendo la línea de la Sentencia del Tribunal Supremo de 527/2015 de 22 de septiembre, observamos que se trata de un delito que castiga el acto preparatorio de la comisión de un abuso sexual sin requerir el contacto físico, ni mucho menos la materialización del abuso. Por tanto, el acercamiento a la víctima debe ser realizado por el delincuente sexual para ganarse la confianza del mismo realizando una serie de actos para conseguir el encuentro.
Por otra parte, el delito de sexting, castiga a quien sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona. En estos casos la pena a imponer será de tres meses a un año o multa de seis a doce meses.
Pero, la pena se agrava imponiéndose en su mitad superior cuando los hechos hubieran sido cometidos por el cónyuge o por persona que esté o haya estado unida a él por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, cuando la víctima fuera menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o los hechos se hubieran cometido con una finalidad lucrativa.
La necesidad de tipificar este delito, surgió en gran parte por el caso de una ex concejal del ayuntamiento de los Yébenes, ya que la misma sufrió una vulneración de su derecho a la intimidad al difundirse a cientos de personas un video de contenido sexual que había mandado ella al acusado. En este caso, este delito era atípico cuando se dieron los hechos ya que no se recogía en el Código Penal. Por ello, el juez estableció que esta vulneración de su intimidad no se produjo y que sólo se hubiera producido en el caso de que el acusado hubiera accedido al teléfono móvil de la denunciante sin su autorización.
Tras esta exposición podemos concluir que para evitar que menores de dieciséis años sean víctimas de un delito de childgrooming, los padres deben culturizarse tecnológicamente, deben estar pendientes del uso que los menores dan a las redes sociales y a los medios de comunicación virtuales e informarles de los peligros que se corren cuando uno bucea por Internet. Sobre todo, hay que dar confianza al menor ya que si el delincuente sexual increpa al menor para que le mande fotografías pornográficas bajo amenaza de contarles a sus padres que habla con extraños, el mismo sentirá vergüenza en el mayor de los casos y accederá al chantaje.
Por otro lado, respecto al delito de sexting, tenemos que ser conscientes de que cuando una foto sale de nuestro teléfono móvil ya no forma parte de nuestra privacidad, siendo imposible prever el uso que le va a dar la persona que la recibe. La intimidad personal es un derecho fundamental y nosotros mismos tenemos que velar por mantenerlo, ya que si no lo hacemos, nos convertimos en esclavos de nuestros propios actos.
Autora: Cristina Garcia Vega
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