El “robo” de la dirección IP para la comision de delitos

Hoy en día la mayoría de hogares cuentan con uno o varios ordenadores con conexión a Internet y, por tanto, son identificables por su dirección IP. La mayoría de ustedes habrán oído hablar alguna vez de la dirección IP y, sin embargo, sólo tienen una idea aproximada sobre qué es y que función tiene. Con este artículo pretendemos que tenga una idea cercana sobre la utilidad de la dirección IP y qué consecuencias penales pueden derivarse de un uso ilícito de la misma, haciendo especial énfasis en los casos de robo de la dirección IP y en cómo actuar frente al mismo.

Las siglas IP hacen referencia a la expresión inglesa “Internet Protocol” o lo que es lo mismo, Protocolo de Internet. La IP es una etiqueta numérica que identifica un dispositivo en una red concreta, como puede ser un ordenador o una impresora, y que consta de cuatro combinaciones de números. De este modo, cada ordenador conectado a Internet podrá ser reconocido mediante su dirección IP, lo que puede permitir a las autoridades conocer el lugar de origen de una conexión y, por ende, del titular de la misma.

A contrario de lo que mucha gente piensa el acceso a Internet no tiene lugar de forma anónima, es decir, toda conexión a Internet a través de cualquier dispositivo va a poder ser rastreada hasta la dirección IP correspondiente, y por consiguiente, hasta el titular de la misma. Es por ello que muchos delincuentes optan por “robar” la dirección de IP de terceros para la comisión de sus delitos, para evitar ser identificados por las autoridades a través de su propia conexión. Esta tarea es relativamente sencilla, especialmente si la IP no cuenta con seguridad reforzada.

Esto ocurre con frecuencia en los casos de operaciones o transferencias por Internet mediante el uso de tarjetas robadas o falsificadas. Los delincuentes se apoderan de la dirección IP de un tercero totalmente ajeno para hacer uso de esas tarjetas y poder lucrarse sin que se pueda rastrear ese movimiento al verdadero autor. Por el contrario, el titular de la IP utilizada para la comisión del ilícito puede llegar a verse envuelto dentro del procedimiento penal en calidad de investigado sin haber tenido en ningún momento conocimiento de los hechos.

De este modo, y siguiendo con el ejemplo de la utilización de tarjetas de crédido/debito, ya sean falsificadas o robadas, el inocente titular de la IP puede llegar a ser investigado (e incluso acusado) por la comisión de delitos:

Delito de estafa del artículo 248.2 c): Serán considerados reos de estafa, “los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero”. En este caso la pena será de prisión de seis meses a tres años.

Delito uso de tarjetas falsificadas del artículo 399 bis apartado tercero: “El que sin haber intervenido en la falsificación usare, en perjuicio de otro y a sabiendas de la falsedad, tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje falsificados será castigado con la pena de prisión de dos a cinco años.”

El robo de la dirección IP para la comisión de delitos por medio del uso de tarjetas es un mero ejemplo de las consecuencias que puede tener para el titular de la IP, ya que los delincuentes pueden hacerse con aquella para la comisión de otro tipo de delitos.

Al igual que en el caso de las tarjetas bancarias, algunos internautas que emplean las redes sociales e Internet como plataforma para descalificar e insultar a otros, se hacen con las direcciones IP de terceros para evitar ser identificados por la policía como los autores de tales mensajes. Recordemos que verter determinado tipo de expresiones (insultos, descalificaciones graves) puede ser considerado como un delito de injurias (artículo 208 y siguientes del Código Penal), y en el caso de la falsa imputación de un ilícito penal, de un delito de calumnias (artículo 205 y siguientes del Código Penal). Para evitar su imputación en este tipo de delitos los autores deciden recurrir al robo de direcciones IP.

Para evitar ser víctima del robo de su dirección IP o, al menos, dificultar a los delincuentes esta tarea, lo más recomendable es reforzar la seguridad de su red. A este respecto existen multitud de páginas web donde se ofrecen consejos y ayuda informática para conseguir un acceso a Internet mucho más seguro.

Si bien es cierto que aumentar la seguridad en la red reduce las posibilidades de que alguien utilice nuestra IP para cometer algún delito, no las elimina completamente, y podemos acabar siendo víctimas colaterales. Si se ve arrastrado a un procedimiento penal al haberse empleado su dirección IP para la comisión de un ilícito, nuestra recomendación es que contacte inmediatamente con un abogado que tenga experiencia en este tipo de asuntos, como Abogados Portaley, aún cuando no haya sido llamado en calidad de investigado. Es imprescindible contar desde el primer momento con asesoramiento legal experto para enfrentarse correctamente al procedimiento penal.

Autora: Beatriz Menéndez Vila