Durante los últimos años, y al abrigo de los innumerables casos de corrupción que asolan el país, desde la Comunidad Valenciana hasta Madrid, pasando por Andalucía, Murcia, Cataluña, Galicia y otras tantas regiones, y que no conocen de ideologías ni partidos (Partido Popular con la Gurtel, PSOE con los EREs de Andalucía, CIU y el tres por ciento, Podemos y el “caso Monedero” son sólo unos pocos ejemplos), la Agencia Tributaria, con el ahora ministro en funciones Cristóbal Montero, parece tener la intención de convertirse en el azote del fraude fiscal, especialmente ahora con el escándalo de los “Papeles de Panamá” que afecta a políticos, empresarios, banqueros y demás personalidades de moral, cuanto menos, discutible, por todo el mundo.
Todo lo anterior no debería ser objeto de debate ni duda alguna pues uno de los deberes de la Agencia Tributaria y de sus inspectores es la lucha contra el fraude fiscal de todo tipo sin embargo, cada vez con más frecuencia, estos casos salen a la luz sin que desde el ministerio parezca manifestarse la más mínima preocupación por ello.
Uno de los casos más sonados fue el ya citado “caso Monedero” cuando se filtró, evidentemente desde la propia Agencia Tributaria, que este fundador de Podemos había tributado bajo el impuesto de sociedades lo que debía haber tributado según el IRPF, un impuesto más elevado que aquel, lo que le supuso una severa multa así como la devolución de la diferencia entre uno y otro impuesto.
El caso más reciente es el del propio ex-presidente José María Aznar, quien durante años, y a pesar de haber abanderado la lucha contra el fraude y el deber de responsabilidad fiscal, ha actuado del mismo modo que quien se encuentra en las antípodas ideológicas, Monedero.
Ambos han sido sancionados. ¡Bien! Pero ambos casos, al igual que otras decenas de casos similares vinculados al fraude contra la hacienda pública, son continuamente filtrados a los medios de comunicación por parte, se supone, de confidentes que tienen acceso directo a estas investigaciones, es decir, integrantes de la Agencia Tributaria, organismo entre cuyos deberes también se encuentra el de actuar como responsable de custodiar la información fiscal de los contribuyentes.
La cuestión, ahora que desde el Ministerio se anuncian investigaciones al respecto, es si estas acciones son constitutivas de delito o bien un tribunal establece que el interés general pesa más que lo que podría ser una invasión a la intimidad. ¿Debe mantenerse en silencio una acción unible que causa perjuicio a la totalidad de la ciudadanía? ¿Rodarán cabezas por las filtraciones del caso Aznar? Y, si efectivamente se trata de un delito, ¿por qué no se abrió una investigación desde el primer momento en que se produjo la primera filtración?
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