Últimamente, han llegado hasta nuestro despacho multitud de casos de extorsión sufridos a través de Skype.
El modus operandis es el siguiente:
Una persona contacta con la víctima (normalmente del sexo masculino) a través de Skype, aplicación que permite videollamadas, llamadas y mensajes instantáneos de manera gratuita entre sus usuarios.
Tras mantener múltiples conversaciones de índole amistosa, el delincuente recaba, sin que la víctima se percate de ello, mucha información relativa al mismo, como puede ser su teléfono móvil, su nombre, dirección, email y cuenta de facebook.
Una vez que el delincuente se gana la confianza de su interlocutor, le propone mantener sexo on line a través de este medio. La víctima, confiada, accede a ello, y el delincuente procede a grabar las imágenes sin el consentimiento ni conocimiento del afectado.
Es en este momento cuando el delincuente pasa a la acción, exigiendo a la víctima el pago de una cantidad de dinero si no quiere que el vídeo sea difundido a todos sus contactos de facebook, sus familiares, amigos, compañeros de trabajo y jefes. Incluso envía a la víctima el vídeo para que pueda comprobar la veracidad de su amenaza.
Suelen exigir cantidades de dinero no muy elevadas, para que la víctima pueda pagarla de inmediato, llegando incluso a “negociar” dichas cantidades con la víctima, con el fin de hacerse cuanto antes con el dinero, y evitar así que la víctima pueda recapacitar, asesorarse y/o cambiar de idea.
El delicuente exige el pago de dichas cantidades a través de empresas de envio de dinero como Wester Union o Money Gram, que pueden operar en distintos países a través de agentes, los cuales pueden estar ubicados en locutorios, tiendas u oficinas de correos. Se trata de sistema mas flexible y que establece menores medidas de control sobre los envíos.
Los envios han de realizarse a favor de una tercera persona con domicilio en país extranjero, para dificultar aún mas su localización.
El delito de extorsión está castigado con pena de prisión de hasta 5 años:
Artículo 243 C.P.
El que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizados.
Si bien es cierto que la víctima, además de sentirse engañado, estafado y extorsionado, se siente avergonzado por haber sido objeto de una grabación íntima, que en principio, entendia privada.
Sin embargo, desde nuestro despacho se recomienda denunciar los hechos ante la comisaria y no pagar cantidad alguna al delincuente, puesto que ello no garantiza, en absoluto, que no difunda el vídeo ni que continúe exigiendo el pago de mas cantidades en un futuro.
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