El Congreso aprueba el Pacto de Estado contra la Violencia de Género




El pasado jueves 28 de septiembre el Pleno del Congreso adoptó el acuerdo para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, que ratifica el informe aprobado el pasado mes de julio por la Comisión de Igualdad en esta materia. El acuerdo se ha aprobado con el voto a favor de 268 diputados y 65 abstenciones de Unidos Podemos y EH Bildu, que consideran que no hay presupuestos que garanticen su ejecución.

 

Este Acuerdo consta de 213 medidas que se deberán poner en marcha como máximo en  dos meses (en los que el Gobierno debe trasladar su contenido a las Comunidades Autónomas, entes locales, partidos, Administración de Justicia, sindicatos y asociaciones) y tienen una dotación presupuestaria de alrededor de 1.000 millones de euros en cinco años: 100 millones para entidades locales, 500 millones para las comunidades autónomas y otros 400 millones para competencias estatales dentro de los Presupuestos Generales del Estado.

 

Las principales medidas que conforman este Acuerdo son las siguientes:

 

  • Ruptura del silencio: sensibilización y prevención.

 

Se acuerda reclamar un pacto social y político en educación para reforzar valores igualitarios, la educación afectivo-sexual y la prevención de la violencia, incluir en todas las etapas educativas la prevención de la violencia de género, del machismo y de las conductas violentas, la educación emocional y sexual y la igualdad, así como incluir en los libros de texto el origen desarrollo y éxitos del Movimiento Feminista.

 

Además, se pretende la implicación de los medios de comunicación y publicidad en la no difusión de mensajes e ideas sexistas así como la puesta en marcha de un Código de Publicidad no Sexista. Se acuerdan medidas para luchar contra la apología de la violencia de género en acontecimientos deportivos ampliando las sanciones administrativas a los clubes deportivos que la permitan. Por último en esta sección también se acuerdan campañas institucionales en el ámbito laboral y la formación para la detección precoz de la violencia de género en centros sanitarios.

 

  • Mejora de la respuesta institucional: coordinación. Trabajo en red.

 

En este eje de actuación se incluye el impulso de un acuerdo internacional contra la violencia de género, dar la máxima relevancia en la estructura institucional a las políticas contra la violencia de género y actuar en el ámbito laboral. Se abordan asi medidas contra la brecha salarial existente entre hombres y mujeres o medidas contra el acoso laboral por razón de género que deberán implantar las empresas.

 

  • Perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección a las víctimas.

 

Se acuerda la adecuación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y juzgados especializados, con dependencias que impidan la confrontación víctima agresor; dotar de mayores recursos a los equipos psico-sociales para que los jueces y juezas puedan contar, sin dilación, con los pertinentes informes, evitando el colapso de los juzgados; una mayor coordinación en cuanto a órdenes de protección y otras actuaciones en materia de justicia; actuaciones policiales para mejorar la asistencia, garantizar los protocolos y mejorar el sistema de vigilancia electrónica.
Se aprueba también la suspensión de algunos atenuantes en casos de violencia de género o extender la pena accesoria de privación de tenencia de armas no solo al delito de lesiones, sino también al de coacciones y amenazas, así como que las injurias y calumnias a través de las redes sociales en el ámbito de la violencia de género no sea considerado únicamente un delito leve.

 

  • Intensificar la asistencia y protección de los menores.

 

Para conseguir este objetivo se acuerda garantizar una prestación a todos los huérfanos y huérfanas por violencia de género, establecer el carácter imperativo de la suspensión del régimen de visitas en todos los casos en los que el menor hubiera presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia o prohibir las visitas de los menores al padre en prisión condenado por violencia de género, todas ellas medidas que vienen siendo reclamadas por la amplia mayoría de los operadores jurídicos así como por la sociedad en su conjunto.

 

  • Impulso de la formación que garantice la mejor respuesta asistencial.

 

En este campo se incluye la formación especializada a profesionales tanto de medios de comunicación, de la administración de justicia, de Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado y a todos los que atienden en cualquier ámbito a las víctimas de violencia de género. Además, se acuerda especializar en violencia de género, de manera evaluable, a los equipos psico-sociales, de cara a mejorar su intervención en materia de Derecho de Familia y violencia de género.

 

  • Seguimiento estadístico.

 

Se propone la obligación legal de obtener y prestar datos estadísticos detallados y secuencias e impulsar la incorporación de indicadores específicos que permitan conocer el número de niños y niñas y menores que han sido víctimas, así como personas con diversidad funcional o discapacidad. Se plantea también pedir al Consejo General del Poder Judicial una unidad específica de evaluación de los datos procedentes de los Jzugados de Violencia sobre la Mujer.

 

  • Visualización y atención a otras formas de violencia contra las mujeres.

 

Para esto se acuerda, entre otras medidas, introducir módulos transversales sobre violencia sexual y sus tipologías en los contenidos de las acciones formativas desarrolladas por y para empresas privadas y las Administraciones Públicas, crear una mesa de coordinación estatal que incluya a todos los agentes, programas de prevención y detección desde la educación infantil, fomentar la investigación, promover un enfoque integral y multidisciplinar contra la trata, reforzar la persecución de oficio del delito de trata y concienciar contra la demanda de prostitución.

 

  • El seguimiento del pacto

 

Para realizar el seguimiento del pacto se propone la constitución, como Comisión Permanente no legislativa del Congreso de los Diputados, de una Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto. Asimismo, se acuerda establecer las medidas y mecanismos oportunos para que se realice el seguimiento y evaluación de los créditos presupuestarios destinados a sufragar las políticas integradas en el Pacto.

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